martes, 7 de abril de 2009

Alfonsín, construyendo un mito


No es novedad que la historia se escribe con letras caprichosas, no porque si, sino por la intervención de las plumas adictas a las diversas corrientes ideológicas, hay hechos que según las particulares formas de interpretar suenan con melodías dispares, la mía no es la excepción, no busco agredir sino que ubiquemos con mayor precisión el lugar de cada uno en la historia.




El reciente deceso del ex presidente Alfonsín y las crónicas correspondientes son la referencia más inmediata, se han destacado cualidades y virtudes personales anteriores, durante y pos a su gestión presidencial, llamativamente de medios que mientras Alfonsín era uno más entre los mortales no las expresaban, será por esta costumbre de cuando uno está muerto pasa a ser bueno sin importar sus acciones.

¿Alguien es honesto solamente porque no recibió denuncias de corrupción o porque su accionar como gobernante tampoco permitió que esta impere? A los memoriosos selectivos recuerdo algunos hechos que no debieran pasar desapercibidos ni perderse de la memoria colectiva, porque existieron y cada lector le otorgará el valor que su digno entender le dicte, podríamos comenzar por la concepción del estado y como este era tratado, la famosa patria contratista, contratos desventajosos, donde siempre se pagaba más ejemplo de ello es lo que sucedía en 1988 Siderca, subsidiaria de Techint, le cobraba a YPF US$ 51,06 por metro de caño estándar que vendía en el exterior por sólo 22,47. Y la “competencia” de Siderca como proveedora de YPF, en teoría la fuente de pujas de precios, era Propulsora Siderúrgica… otra subsidiaria de Techint.”

Informes de principios de 1989 indican que por entonces las sobrefacturaciones de los grandes proveedores del Estado sumaban US$ 2500 millones por año. Para aproximarnos al “subsidio” total habría que sumar otros 2200 millones en exenciones impositivas especiales. Esto equivalía al 6% de la economía argentina del momento, sin incluir las estatizaciones de deudas privadas.”

La emergencia fue mucho más la consecuencia de la acumulación de multimillonarias dádivas hacia las empresas privadas, que de la demagogia frente a la gente común, mucho más barata y humanamente menos censurable.

Hacia fines de 1988 un largo capítulo de historia había concluido. El Estado ya ni siquiera podía prestar servicios esenciales, porque no era posible extraer más recursos de la masa salarial para seguir afrontando las continuas transferencias a los grupos económicos, las empresas extranjeras y la banca acreedora, a través de subsidios a la producción industrial y el sistema financiero, mediante (entre otros mecanismos) los programas de capitalización, las licuaciones y estatizaciones de pasivos privados, las contrataciones dispendiosas y los sobreprecios de los proveedores.

En esa Argentina del retorno democrático se pagaba extra para conseguir un teléfono. Las pizarras del dólar eran el símbolo de la especulación. Se apelaba al tráfico de influencias para los negocios con el Estado.

No menos cierto son los acuerdos que firmó el INVAP para venderle uranio a Irán y el acuerdo secreto con Egipto para trabajar con misiles.


¿Desconocía esta realidad nuestro presidente? ¿Pudo llegar a esos niveles su desentendimiento de lo que se hacía bajo su administración? De ser así, este argumento no deberia ser de su exclusivo patrimonio.


Abogó con la recordada Ley Mucci despedazar a la central obrera con la argumentación de la democratización y libre elección, cuando cada gremio elegía sus representantes libremente, pero eso ocultaba su intento de desmovilizar a los trabajadores, atomizándolos y restándoles poder de reclamar sus derechos.

El manejo absoluto de los medios de comunicación no estatales sino gubernamentales donde en nuestra democracia existían artistas vedados de actuar, es un punto de difícil congenio para alguien que es llamado por algunos Padre de la Democracia.

La reconquista de la democracia fue el mérito de miles de argentinos que ofrendaron sus vidas y que dieron testimonio con la cárcel, sufriendo torturas y vejámenes inimaginables, los episodios de Semana Santa con la triste y célebre frase “Felices Pascuas…la casa está en orden” encontró a la par de Alfonsín en un hecho inédito en nuestra historia reciente a la oposición de entonces , el peronismo con sus dirigentes más representativos defendiéndola (Antonio Cafiero, Ítalo Luder, Vicente Saadi) cuando en la interrupción democrática anterior, los que golpearon la puerta de los cuarteles fueron los que le pusieron más de mil intendentes a la dictadura.

Las intentonas militares tuvieron fin después de la administración Alfonsín, cuando con decisión ni especulación alguna se la aplacó utilizando las fuerzas leales y ahí si podemos afirmar se consolidó la democracia.-

Debe ser recordado con respeto y en su justa medida ni exagerar virtudes ni defectos, pues la necesidad de construir paradigmas debe realizarse sobre tierra firme sin caer en omisiones deliberadas que falseen nuestra memoria, el legado de Alfonsín debe ser transmitido con honestidad, al César lo que es del César.-


Fuentes consultadas:
LAS PRIVATIZACIONES EN LA ARGENTINA. GENESIS, DESARROLLO Y
PRINCIPALES IMPACTOS ESTRUCTURALES *Daniel Azpiazu** y Eduardo Basualdo

miércoles, 18 de marzo de 2009

Pena de muerte, un debate ineludible

La democracia en nuestro bendito país luego de veinticinco años ininterrumpidos de ejercicio cuenta con déficits que debe saldar, uno de ellos el que hoy más preocupa a nuestro pueblo es la seguridad, el estado de indefensión que padecemos ante los delincuentes, la ausencia de un poder judicial serio, la policía altamente sospechada y una dirigencia política sin reacción configuran este escenario dantesco.

Es cierto que las leyes son perfectibles y se pueden reclamar sanciones más benévolas o duras según la ideología de quien lo sostenga, por lo tanto es una necedad el obviar esta situación y al problema hay que abordarlo con todos sus componentes si la sincera pretensión es diagnosticar correctamente y a partir de ello darle el remedio acertado al asunto.

Ejemplo indiscutible de la presencia de la ideología en la toma de posiciones de esta naturaleza podemos ubicarlas en relación a la pena de muerte, el tema que mas crispaciones produce entre los sectores antagónicos que la promueven y de los que la rechazan, en Cuba paraíso comunista, la pena de muerte se aplica sin rubor alguno, y esto sucede para delitos políticos que se disfrazan de “alta traición a la patria”, no se escuchan las voces de la izquierda nacional condenándola, ni observamos escrache alguno de los genuinos representantes del campo popular por estas latitudes, pero aquí la historia es otra y son enérgicos militantes de la No pena de muerte, a lo que adosan una caracterización descalificadora a quien la apoyan, estos se convierten en fachos y nazis, hay claras diferencias en cuanto al delito que es objeto de la sanción, aquí no se pretende aplicar a la cubana castigando al opositor, hablamos de delincuentes que cometen los actos más aberrantes que humano alguno pudiera realizar, violación seguida de muerte por ejemplo.

Sin embargo esas voces defensoras de la vida no sostienen igual criterio sobre el aborto, alientan su instauración en términos legales, aquí el delincuente es la vida de un inocente, sin posibilidades de un juicio justo siquiera.

Establecer una novedosa como desafortunada equivalencia de significado entre la justicia y la venganza tampoco ayuda, no hallar distinción entre estos términos es demasiado grueso sobretodo en quienes pertenecen al mundo del derecho.

El poder judicial actual no representa demasiadas garantías para ser el órgano que sancione penas como esta, es otro de los argumentos utilizados. Pero las posibilidades, que antaño eran demasiadas para errar en el juzgamiento, han sido reducidas notablemente, la ciencia ha evolucionado vertiginosamente y con precisión milimétrica, examen como los de ADN, antes inexistente, nos brindan el auxilio riguroso y necesario para otorgar certeza.

El profesor David Nuñez establece que en general una pena es justa cuando cumple con los siguientes requisitos: debe ser impuesta por quien tiene verdadera autoridad y jurisdicción para imponerla y debe ser proporcional a la culpa, siendo la pena de muerte “La única que reúne esta proporcionalidad con respecto a cierta clase de crímenes particularmente atroces, para cuyo castigo toda pena no lograría satisfacer convenientemente la justicia vindicativa, por quedar inferior al desmerecimiento del delincuente”.

Santo Tomás defendió la legitimidad de esta pena en ciertos casos, en que el criminal quebrantaba el orden jurídico, a fin de restablecerlo, debiendo ser aplicada por “la máxima autoridad civil, en nombre de la justicia y del bien común, siempre que la ejecución fuera de los criminales y no de los hombres justos.

Es interesante saber que sostiene la doctrina de la Iglesia sobre la licitud o ilicitud de la pena de muerte. Ancestralmente se sostuvo que el Estado podía recurrir a esta pena para castigar determinados delitos. Remitámonos a la Encíclica 'Evangelium vitae' y el Catecismo de la Iglesia Católica. Por ejemplo, este último: 'La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte, si ésta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto, las vidas humanas. Pero si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona' .

Entiendo de la preocupación de garantizar los derechos de los reos que muchos tienen, pero permítanme que me ocupe de los derechos de los ciudadanos honestos e inocentes que son víctimas del accionar desaprensivo de los primeros y que de manera sistémica reiteran conductas reprochables y atentatorias en una comunidad que solo quiere vivir en paz, ¿es irracional este reclamo?

En el ejercicio hipotético de estar establecida la pena de muerte en nuestro país, si una persona comete un delito aberrante como la violación de un menor indefenso y luego lo asesina, demuestra un desprecio absoluto por la vida, no solo por la del menor, sino por la suya misma, pues sabe cuál es la pena que le cabría, es de esperar que esta lo disuada de cometerlo, pero si así no lo hiciera, ¿la comunidad debe quedar a expensas de una bestia que pueda reiterar un asesinato atroz?

Reformular el rumbo es imprescindible, hay que atacar las causas que originan el conflicto, la mejora de la administración de justicia y el sistema penitenciario son dos aspectos centrales de esta cuestión.

Es claro el condicionamiento jurídico a la aplicación de la pena de muerte, pero el debate por ello no debe quedar cancelado ni reprobarlo, ni menos aún acusar de vulnerar la constitución a los que la reclaman, caeríamos en el absurdo de que si alguien pide que el mandato del presidente sea de 6 años estaría transgrediendo la carta magna porque hoy no lo contempla.

Si algo debiéramos haber aprendido en esta democracia nuestra es a discutir, a debatir todos los temas y resolverlos mediante los mecanismos constitucionales previstos, no debemos hacernos los distraídos antes las demandas de la comunidad y la legislación debe responder a la realidad vigente para evitar abultar de letra muerta al digesto argentino.-

domingo, 8 de marzo de 2009

Es necesario recuperar la confianza

En los días que corren asistimos a un atroz espectáculo que todos desearíamos concluyera pronto, donde la incertidumbre dominante sacude con fiereza a cada unos de los argentinos, sumándose a ella la carencia de crédito de quienes nos representan, más allá de honrosas excepciones.

Los actos de la mayoría de ellos van en sentido diametralmente opuesto a las exigencias del pueblo y contribuyen a fogonear la creencia de que todo está perdido, de que nada puede modificarse y el pesimismo, la desolación y la angustia deben asumirse con resignación, al igual que una vaca que marcha hacia al matadero.

Decir que el problema es solo de los dirigentes en cualquiera de sus categorías estamentales, ya sea el caso de políticos, sindicalistas, deportivos, barriales, funcionarios, magistrados, periodistas, empresarios, eclesiásticos, es poseer una ingenuidad que solo intenta encubrir el desvío direccionado de responsabilidades, de quien no desea señalar claramente a todos los artífices de esta debacle moral que atravesamos, por temor a quedar expuesto el mismo en la grilla de culpables.

Cuando reconozcamos que todos estos malos ejemplos de representantes no pueden sostenerse sino es, en una sociedad que los contiene y les creó las condiciones para su accionar corrupto, daremos un paso en dirección al correcto diagnostico de una de las células embrionarias de esta crisis.

En primer lugar somos parte de una sociedad fragmentada, que se traduce en la ausencia de reacción para revertir las injusticias, reacción que únicamente irrumpe en el momento que nos sentimos afectados directamente, poniendo de manifiesto una vez más el espíritu individualista e indiferente que gozamos ante los males ajenos, por los que solo nos limitamos a una simple declaración de lamento y solidaridad pasiva realizada cómodamente desde nuestros hogares.

Muchos de nuestros representantes no pueden justificar su patrimonio, no resisten la más endeble investigación de órgano competente serio, en numerosos de los casos no están capacitamos para las funciones que cumplen y su ingreso, permanencia y promoción en la vida política se debe a la aplicación del régimen de evaluación que merita altamente la pésimamente mal entendida “Lealtad Partidaria”, que posibilitó que algunos impresentables se convirtiesen en legisladores o funcionarios.

La política se constituyó de esta manera en un medio por el cual accedieron a un nivel económico y social más elevado personajes que de otro modo les hubiera implicado años de trabajo y sacrificio honrado, impensados en mentes que profesan el facilismo, la transa permanente y una ambición incontenible por lo material.

Este tipo de conductas no permanecen exclusivas de los estamentos mas altos, también los empleados de menor jerarquía exhiben en sus actos idénticos patrones, causando un daño económico proporcional a sus niveles de acceso.

Roba el que se apropia de lo ajeno ya sea una bicicleta o una 4X4 y por lo tanto merece la misma consideración censurable.

No es ninguna verdad revelada expresar que existe un tráfico de influencias en todos los órdenes de la administración pública de los tres poderes y que no excluye niveles jerárquicos, encontrándose estas muy enquistadas y con muy escasas posibilidades de combatirlas debido a la complacencia de los beneficiarios y aceptación implícita del resto, que aguarda pacientemente su turno para adherirse a ese beneficio.

Cuando se habla de cambios en procesos electorales, este casi siempre, no implica una innovación en las conductas y elevación de la calidad de las políticas, sino en un mero reemplazo de hombres y nombres que no están dispuestos a modificar el sistema, que muy por el contrario desean mantenerlo e instrumentarlo según sus propios intereses.

El Estado debe configurar una normativa clara y transparente para todos aquellos empresarios que deseen invertir en el medio y ser regulador de su accionar, evitando acciones abusivas en todos los casos y en especial cuando se traten de servicios indispensables para la población, a su vez el empresariado deberá reinvertir sus ganancias generando mejores condiciones laborales a sus empleados y ampliando la oferta de trabajo a la sociedad.El capital debe estar presente al servicio de la economía y a su vez esta debe encontrarse al servicio del hombre único destinatario de la acción política.

La especulación debe ser castigada en la medida que comprometa los intereses del Estado y este jamás debe convertirse en socio de quienes afronten sus negocios tal como una cantera en la que se extrae todo hasta agotarla, marchándose luego en la búsqueda de otros horizontes mas favorables.

La educación es la plataforma de despegue de esta crisis lacerante, pero para ello también debe descontaminarse de las bacterias que posee su organismo.Los educadores tienen que marginarse del juego que mantienen con los dirigentes políticos para la obtención de un cargo o un ascenso, desterrando definitivamente un vicio perjudicial que adolecen quienes tienen una de las tareas más relevantes y trascendentes en el proceso de formación de las nuevas generaciones.

Debe exterminarse el clientelismo partidario en la Universidad que se encuentra graficado en el otorgamiento de becas, pasajes, utilización de vehículos oficiales para viajes de agrupaciones políticas, que son moneda de cambio para la aprobación de resoluciones de los órganos de gobierno, tanto Consejos Directivos como Superior, o de retribución de servicios en las campañas de elección de autoridades.

Sus autoridades deberían prestar más atención en garantizar el adecuado funcionamiento de sus unidades académicas y saciar las necesidades que presentan, antes de recurrir a procedimientos poco claros para perpetuarse en el poder, que les concedan desde allí, alimentar ambiciones en ocupar otro nivel de gobierno extra-universitario.

Los casos genéricos de malos ejemplos se reproducen por miles y se requeriría de un tratado para enunciarlos a todos; la elaboración de este documento busca humildemente ser disparador de un debate que debe sostenerse con profundidad entre todos los actores de nuestra sociedad, debate que no debe provocar un estado de deliberación eterno, sino uno de resolución y ejecución efectiva.

El respaldo popular mayoritario no debe ser nunca utilizado livianamente para acallar la discusión si en verdad respetamos la pluralidad y la aceptamos como fuente enriquecedora de ideas perfectibles que tiendan al bien común.

La supresión del diálogo por imperio del número nos devuelve a hechos pasados que la historia se encargó de sentenciar como nefastos.

No solo se debe saber perder en términos electorales o políticos, sino lo que es más importante aún, saber ganar, porque en el ganador se deposita la responsabilidad de conducir al pueblo hacia un futuro más venturoso.

Los dirigentes tienen que ser el espejo en el que se mire la sociedad, no existe mejor spot publicitario que el ejemplo de la vida misma que llevamos, el nivel de gasto proporcional a los ingresos que tenemos, la ocupación constante de mejoramiento de la calidad de vida de nuestros prójimos, las conductas diarias que deben estar a la vista de todos, en síntesis, dejar de lado la “transparencia declamada” e institucionalizar la” transparencia practicada”.

Deben actuar con la convicción que se obtiene cuando la coherencia se articula en la trilogía que componen el pensamiento, la palabra y la acción.

La honestidad es el punto de arranque pero no basta con ella, es indispensable que le adicionemos formación profesional, idoneidad, capacidad de trabajo y de decisión, integradas en una filosofía de vida simple, práctica, popular humana y cristiana que encuentre vinculación fluida con el medio y establezca un compromiso inquebrantable con la comunidad, que evite la construcción de tecnócratas aislados en bases de datos, encuestas y estadísticas, desprovistos de componentes sensibles y solidarios en la toma de resoluciones que tienen como destinatarios los más desprotegidos.

La oportunidad de transformación no opera como un fenómeno natural por el cual hay que sentarse a esperar que se produzca, sino se manifiesta en las condiciones que nuestra sabiduría logre concebir y materializar y el momento justo para iniciarla es cuando asumamos la convicción y voluntad de realizarla.

Nuestra crisis es sobre todas las cosas moral y cultural y es en ese plano que se han de plantear las soluciones para resolverla.

No se trata solo de no tener déficit financiero, debemos procurar fundamentalmente también, no tener déficit de principios y valores.

Necesitamos de una revolución moral en cada individuo que trascienda y florezca en la solidaridad.

Es tiempo de que clausuremos estos tiempos de subversión de valores y principios.

Juan Pablo II señaló que la política necesita ser concebida como un servicio. Un servicio que "pasa a través de un diligente y cotidiano compromiso, que exige una gran competencia en el desarrollo del propio deber y una moralidad a toda prueba en la gestión desinteresada y transparente del poder".

El Papa ofreció dos pistas para una nueva política. Primero "es necesario redescubrir el sentido de la participación, implicando en mayor medida a los ciudadanos en la búsqueda de vías oportunas para avanzar hacia una realización siempre satisfactoria del bien común".

Y en segundo lugar rechazó el recurso de la violencia "como instrumento insustituible de toda confrontación constructiva, sea en las relaciones internas de los Estados como en las internacionales".

Las cuatro virtudes cardinales conforman el cuerpo doctrinal que han de guiar a la dirigencia que tenga como objetivo renovar la confianza con el pueblo.

Responsabilidad: el ser humano es el único que medita antes de actuar y cuando actúa orienta a los ciudadanos que conviven con él. Por tanto, la responsabilidad política requiere una doble exigencia pues no se limita sólo a mí accionar sino sobre los efectos que mí accionar provoca en los otros.

Prudencia: la prudencia es inseparable de la política, como la ética. La prudencia, entonces, es el manejo racional de los medios para acceder al bien general.

Fortaleza: la justicia es la restitución de los bienes según corresponda. Y la fortaleza la fuerza espiritual que me anima para lograrla.

Templanza: para mantener la justicia con fortaleza necesitamos de la templanza, es decir, de la moderación para no perder el bien general conseguido.

Hay que generar la conciencia de que la política es la única salida posible para superar las dificultades que nos presenta la realidad y que después de la religión es la segunda actividad más noble, como lo dijera el Santo Padre.

Nadie tiene que marginarse de este desafío ineludible, no es el tiempo de especuladores ni de tibios, debemos transmitir fe, optimismo y esperanza que no es lo último que se pierde, sino lo primero que se conquista.

Los preconceptos y dogmas son enemigos de las transformaciones, los cambios interceden a partir de la interpretación de los signos en los que se inicia una nueva era histórica y hay que obrar en consecuencia con ese discernimiento obtenido.

Para describir a ese modo realista del obrar, alguna vez apelamos a una frase de Antonio Machado en la que el gran poeta español decía que “en la acción política no tiene éxito quien pretende que el viento sople donde tiene la vela sino quien pone su vela donde sopla el viento”.

La construcción de un proyecto integral de país y Estado para las futuras generaciones es el mejor legado que podemos dejarles a nuestros hijos y nietos.No miremos al costado, nuestro norte es la realización de cada individuo en una comunidad que a su vez también se realiza.

Marchemos hacia una sociedad más justa, solidaria y digna.